Michael Edwards, Segundo Secretario de la embajada de los Estados Unidos de América, visitó el 11 de junio del corriente la sede institucional de la CODEHUPY y mantuvo una reunión con Roque Orrego, Juan Martens, Ireneo Tellez y Teresita Silvero, representantes de la red.

El encuentro tuvo por objeto la presentación del Informe Chokokue ante la representación diplomática, de gravitante importancia por la influencia que ejerce en el diseño de las políticas públicas de nuestro país.

Además de los datos y recomendaciones del Informe, los representantes de la CODEHUPY insistieron en el retroceso que se cometió mediante la reciente reforma del sistema penal, y las consecuencias adversas que devienen del aumento de las penas para algunos tipos penales (invasión de inmuebles y otros) y el peligro que acarrea la estrategia de criminalización de la protesta social para la organización  democrática del pueblo paraguayo y la construcción de una justicia republicana.

La CODEHUPY denunció al Estado paraguayo ante el Comité de Derechos Humanos por su presunta responsabilidad internacional en la brutal represión de la protesta de los cedroneros, ocurrida el 3 de junio de 2003 en Santa Rosa del Aguaray (departamento de San Pedro). Los cedroneros contaban con el apoyo de la Coordinadora de Productores Agrícolas de San Pedro Norte (CPA-SPN), la más importante organización de trabajadores rurales de la zona.

La denuncia fue presentada ante el organismo de Naciones Unidas con sede en Ginebra, por dos víctimas del caso, con el patrocinio de la CODEHUPY y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). Es el primer caso contra Paraguay que se presenta ante el sistema universal de protección de derechos humanos.

El Fiscal General del Estado, abogado Rubén Candia Amarilla, se comprometió a designar un equipo técnico asesor que formule lineamientos para una política pública que atienda integralmente, desde las competencias del Ministerio Público, el problema diagnosticado en el Informe Chokokue.

El anunció fue realizado ante los representantes de la CODEHUPY Roque Orrego, Hugo Valiente, Juan Martens e Ireneo Tellez, quienes mantuvieron una reunión con el Fiscal General el 17 de julio pasado con el fin de poner a su conocimiento los resultados y recomendaciones de la denuncia planteada por la red de organizaciones de derechos humanos en relación a las ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzosas de campesinos y campesinas en la lucha por el acceso a la tierra en el Paraguay.

El caso de Sebastián Larroza Velázquez, joven militante de la Asociación Campesina de Desarrollo Integrado (ACADEI), se convirtió en la primera denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en base al Informe Chokokue.

Los padres de la víctima, con el patrocinio de la CODEHUPY y CEJIL, presentaron la comunicación inicial de la denuncia el 17 de junio de 2008. La CIDH dio curso inmediato a la petición, que será transmitida al Estado paraguayo para su contestación.

Sebastián Larroza Velázquez fue víctima de una ejecución arbitraria perpetrada por un agente de la Policía Nacional durante la represión a una manifestación campesina en el cruce Tacuara (distrito de San Estanislao), en ocasión de la huelga general del 2 de mayo de 1994. Al momento de su muerte, la víctima tenía 18 años.